Miércoles 19 de Enero de 2022

PAÍS

3 de diciembre de 2021

Un largo adiós, cargado de nostalgia, al teléfono público callejero

Tras varias prórrogas, el gobierno decidió excluir a las cabinas de la declaración de servicio universal, algo que las mantenía en pie; en el territorio español sobreviven unos 15.000 aparatos y se asume que ahora nadie querrá hacerse cargo de los costos

MADRID.– Tenían fecha de caducidad, pero recibieron varios indultos, más por razones nostálgicas que económicas o de servicio público. El gobierno de España ha decidido por fin excluir a las cabinas y a las guías telefónicas del servicio universal de telecomunicaciones, que obliga hasta ahora a mantener esta prestación en todo el territorio nacional. Así consta en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

Menos del 20% de la población ha usado alguna vez estos objetos, casi ya de museo (y prácticamente nadie los usó entre la población de menores de 30 años), que tienen más de un siglo de historia. La popularización del teléfono móvil a partir de la década del 90 arrumbó a las cabinas definitivamente del mobiliario urbano, víctimas del abandono y del vandalismo. Pero, aun así, los sucesivos gobiernos decidieron concederles una prórroga, por lo que fueron sobreviviendo.

Cuando entre en vigor la nueva esta ley –previsiblemente ello ocurrirá en el segundo semestre de 2022– seguramente dejarán de existir; tras ser excluidas de la declaración de carácter de servicio universal, ninguna compañía va a querer hacerse cargo de ellas.

En España sobreviven alrededor de 15.000 cabinas telefónicas. El actual servicio universal garantiza que tiene que haber al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3000 personas en cada localidad de 1000 o más habitantes, y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1000 habitantes en los que esté justificado, con base en criterios de oferta mínima. Pero en realidad, ya en 5000 municipios no hay ninguna cabina.

Como nadie quiere hacerse cargo de este negocio ruinoso, el gobierno obligó a Telefónica a costear el servicio y su mantenimiento (2 millones de euros al año), aunque luego se le compensa a la compañía parcialmente ese costo.

¿Se usan los teléfonos aún existentes? Según cifras de Telefónica, la media de llamadas por cabina es de 1,15 al día, y casi todas se concentran en unos pocos aparatos, es decir que la mayor parte de ellos están siempre inactivos. Sin contar con que el vandalismo y los robos son mayores en los que tienen más usuarios. También desaparece la obligación de editar año a año una guía telefónica, que ya nadie consulta y que ni siquiera estaba actualizada, en sus últimas ediciones, con los números móviles.

Por otra parte, la LGT incorpora la banda ancha como parte del servicio universal. Aunque la ley tiene que reglamentarse en distintas normativas para determinar, por ejemplo, la velocidad de conexión, el servicio deberá permitir, por ejemplo, que se usen motores de búsqueda en internet.

La nueva ley transpone la directiva europea de comunicaciones electrónicas de 2018 y entre sus novedades se encuentra una ampliación de funciones de la línea 112, con la posibilidad de crear un sistema de alertas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.

Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería serán regulados. No obstante, esta regulación solo se aplicará a los inscritos en el registro de operadores, con lo que aplicaciones como WhatsApp (que no están registradas) quedarían exentas de las obligaciones de operador. El texto posibilita crear el mencionado sistema de alertas y permitirá al 112 usar la ubicación de los teléfonos móviles para determinar mejor la geolocalización de las llamadas.

Entre otras disposiciones destinadas al usuario, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duración a 24 meses y se regulan por primera vez los paquetes de servicios, a la vez que se amplían derechos en el ámbito de la portabilidad móvil. Así, se permitirá, por ejemplo, conservar el saldo de un móvil de prepago si se cambia de operador.

En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, el proyecto establece una duración mínima de 20 años de las concesiones del espectro, lo que busca dar certezas a las compañías para desplegar sus inversiones. También se ha habilitado un mercado secundario del espectro radioeléctrico, así como un esquema de autorización general para acelerar el despliegue en áreas pequeñas, con dispositivos de potencia limitada.

 



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